ALFONSO_GRAU_MARÍA_JOSÉ_ALCÓN

Independientemente del gobierno que salga de esta ronda de negociaciones, lo que está claro es que al Partido Popular se le ha terminado el chollo. Al propio partido y sus financiaciones ilegales y a los cientos de cargos públicos que han disfrutado de lo público como si fuera de su propiedad. Rita Barberá en la peluquería, en lugar de en su escaño, es un buen ejemplo de ello; es duro adquirir nuevas costumbres después de 24 años haciendo de su capa un sayo. En mayor o menor medida, hay muchas Rita Barberá por todo el territorio español.

Se ha tardado demasiado tiempo en llamar a las cosas por su nombre. Hoy, ya se habla sin tapujos de corrupción estructural en el Partido Popular, como la ha tenido o tiene el Partido Socialista en Andalucía. Una corrupción que nace en aquellos Ayuntamientos que han estado años bajo el mismo mandato, con mayorías absolutas, provocando pequeños reinos de taifas sin que el gran califa hiciese nada por evitarlo.

Puede que sea difícil encontrar a un ciudadano español que no conozca a alguno de estos políticos municipales, provinciales o autonómicos, que no hayan colocado a familiares o amigos en puestos dependientes de la administración a la que ellos pertenecen. Durante años se ha mantenido silencio, como uno de esos secretos de familia que se convierten en tabú. La prensa obvia estos hechos y solo se comentan en las barras de los bares, de pasada.

Desgraciadamente, existen unidades familiares que dependen económicamente de la política, un concejal de cultura, por ejemplo, que preside además una sociedad municipal, en la que ha contratado a su señora esposa. O el concejal de urbanismo que ha descubierto en su propia esposa a una excelente asesora. O ese alcalde que se deja asesorar por su sobrino, que no ha hecho nada en la vida más que asesorar a su tío. ¿Qué va a ser de ellos? El partido no podrá asumir tanto desempleado de alta remuneración; los hijos de estos señores deberán dejar sus elitistas colegios y volverán a gastar de su dinero en los restaurantes y en las gasolineras.

Puede que Alfonso Grau y su mujer, María José Alcón, sean el ejemplo de una conducta mucho más extendida de lo que imaginamos. Parece ser que Grau se ha sentido abandonado, su mujer confundida, ambos soportando cargas que no les correspondía llevar. De momento, parece que Alfonso Grau se ha llevado el dinero de la Caja B del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia y sobre su mujer recaen las sospechas de recibir comisiones que debía repartir con alguien más, ¿la jefa?

En cada ayuntamiento hay matrimonio similar o varios, con el agravante de que solo han conocido el oficio de mamporrero político. En cada diputación, en cada comunidad autónoma, como si la vocación política se hubiese ido contagiando en hogares y familias, como una especie de tradición artesana.

En estos momentos de pactos y exigencias varias por parte de los partidos, Ciudadanos apuesta firmemente por la desaparición de las Diputaciones Provinciales. Tanto que impone esa condición para cerrar el pacto de legislatura con el PSOE. Los socialistas han coqueteado con la idea en 2011 y fue el mismo Rubalcaba quien lo propuso, sin encontrar apoyo en las bases de su partido. Son 25.000 MM€, los que manejan estos organismos provinciales que, en numerosas ocasiones, duplican servicios o son meros gestores de fondos que provienen de Europa, todo ello cubierto con unas macroestructuras tradicionalmente formadas por amigos de quien gobierna, algo heredado desde que ser Diputado Provincial era sinónimo de cacique con carnet.

Es algo reconocido y aceptado a causa de que los partidos políticos y sus candidatos han sabido adaptar la herencia franquista a las diputaciones democráticas, sin mucho trauma.